La Conferencia Episcopal Italiana ha criticado esta semana la recién aprobada reforma federalista de Italia, un pronunciamiento que se suma a un crescendo de intervenciones en los últimos meses, sobre todo tras el referéndum de la fecundación asistida. Los obispos quieren que el catolicismo recobre espacio público.

La Iglesia católica italiana ha adquirido en los últimos meses tal protagonismo público, hecho de pronunciamientos inequívocos sobre cuestiones candentes, que ha llevado a políticos del centroizquierda y a observadores en prensa a acusarla de injerencia política, mientras los obispos reclaman el derecho a hacer oír su voz. Esta semana, la Conferencia Episcopal, reunida en asamblea plenaria en Asís, ha tachado de insolidaria la reforma constitucional federalista aprobada el miércoles en el Senado, que, si es ratificada en referéndum, traspasará a las veinte regiones competencias en sanidad, educación y policía local. Los obispos temen desigualdades en la atención sanitaria entre el norte rico y el sur menos desarrollado, una crítica en la que coinciden con la oposición de centroizquierda, que confía en la consulta popular para tumbar la reforma.

Ha habido revuelo, y el cardenal Camillo Ruini, presidente de la Conferencia Episcopal, aclaró ayer que los 246 obispos italianos no darán indicaciones a los fieles sobre qué votar en el referéndum sobre la reforma constitucional, que contiene, según una nota episcopal, “cambios bastante relevantes y no del todo claros en la forma de Gobierno”. De hecho, además del federalismo, la reforma confiere más poderes al primer ministro en detrimento del presidente de la República. Para el Ejecutivo de centroderecha que preside Silvio Berlusconi, impulsor de estos cambios, habrá sido un alivio saber que il Camillone – como se suele denominar al férreo cardenal Ruini- no dirá al 86,6% de italianos que se declaran católicos (sólo el 28,9% va a misa los domingos) qué deben votar en ese referéndum.

No siempre ha sido así. El referéndum de la fecundación asistida de junio, última consulta popular celebrada en Italia, fue literalmente torpedeado por la jerarquía eclesiástica, que llamó a la abstención para evitar que se anulara la restrictiva ley, que prohíbe utilizar óvulos y semen de donantes, y congelar y analizar embriones. Razón de la estrategia abstencionista: se precisaba la participación de la mitad del electorado para que el resultado fuera válido. Dirigentes del centroderecha apoyaron esta vía – Berlusconi no fue a votar-, y también algunos del centroizquierda. Cundió la abstención (atribuible en parte al cansancio de la población, pues abundan los referendos), y la Iglesia lo celebró como un gran triunfo. Desde entonces, se ha pronunciado sobre otros temas de la agenda política, económica y social (véase recuadro), recalcando al tiempo su apoyo a la legítima laicidad del Estado.

“No buscamos privilegios, sino que queremos desarrollar con serenidad nuestra misión, que es irrenunciable porque nuestra fe no nos convierte en extraños a la sociedad civil, sino que nos obliga a hacer emerger el valor civil del cristianismo”, dijo Ruini el lunes, al comienzo de la asamblea plenaria. Camillo Ruini, de 74 años, concluirá en marzo su tercer mandato como presidente de los obispos: quince años en los que la Iglesia ha visto disolverse, entre acusaciones de corrupción, el partido que durante decenios fue su gran interlocutor, la Democracia Cristiana. Antes había sufrido dos shocks informativos al descubrir que Italia no era ya tan católica: el sí al divorcio y al aborto en sendos referendos en 1974 y 1981.

En los últimos meses – animada también por el llamamiento de Benedicto XVI a no hacer de la fe un asunto privado-, la Iglesia católica italiana ha multiplicado sus intervenciones públicas, con la vista fija en las elecciones generales del próximo abril, en las que Romano Prodi, líder del centroizquierda, presentará batalla a Berlusconi. Cuando Prodi insinuó la inclusión en su programa electoral de los PACS (pactos civiles de solidaridad) para otorgar algún reconocimiento a las parejas de hecho, Ruini le llamó al orden. Más recientemente, un minipartido socialista de la coalición de Prodi ha reclamado la revisión del concordato de 1984; Prodi dijo inmediatamente que no, y la Iglesia italiana, que en el 2004 recibió 952 millones de euros en virtud del concordato, ha dado por zanjada la cuestión.